Pilar Mendoza – « El desplazamiento forzado en Colombia »

Lo anterior pone en evidencia una democracia a la que se llega a través de un “individualismo negativo”^[1] en un contexto de violencia, de falta de regulación institucional y de la sucesiva adopción de políticas económicas neoliberales. Castel apoyado igualmente en los trabajos de Ulrich Beck^[2], describe como el individuo moderno en su vulnerabilidad, se apoya en la propiedad privada y el derecho al trabajo como mecanismo de seguridad existencial y pone al descubierto el actual curso de las sociedades contemporáneas que, en su carrera libertaria, se han convertido en “sociedades de inseguridad total”, o en sociedades del riesgo, con individuos vulnerables y sin cohesión social.

Estos individuos comparten sin embargo, el mismo sentimiento de injusticia frente al vacío institucional en que se hallan. Se agrupan así en colectividades de solidaridad y grupos locales en procura de defensa y resistencia. Es el caso de las bandas barriales y en general, de grupos de autodefensa que salvaguardan sus derechos de manera privada y provisoria y que caen fácilmente en la delincuencia como “justificación de lo injusto”. Contrario a esto, también surgen asociaciones y organizaciones por la defensa del bien común. Sin embargo, estos colectivos en general ya no designan una unidad o cuerpo político, sino una red plural y dinámica que atraviesa fronteras y que se caracteriza por la circulación y la movilidad. 

Las formas de organización de los desplazados pueden considerarse igualmente redes sociales creadas para la defensa de sus derechos que reúnen diferentes universos normativos y simbólicos y que manifiestan la falta de protección institucional reemplazando episódicamente las funciones del Estado. “Las nuevas experiencias, propias de la ciudad, colocan a los migrantes y desplazados como productores informales, vendedores ambulantes, creadores de culturas populares, organizadores comunitarios y portadores de una cultura política.”^[3] Es decir que los desplazados de la violencia participan activamente en la producción social pero de una manera aleatoria. Se trata entonces de reconocer esas formas de organización y de ver en ellas su potencial creativo y transformador. Los migrantes como una parte específica de los pobres según el estudio de Negri y Hardt: “…no son meramente víctimas, sino también agentes poderosos (…) Cuanto másobservamos con detenimiento la vida y las actividades de los pobres, mejor comprendemos la medida de su potencia creativa y de su integración en los circuitos de la producción social y política”.^[4]

Para esto es preciso evidenciar como estas prácticas de participación comunitaria se manifiestan en el país desde hace varias décadas como formas de resistencia al conflicto a través de la autogestión de múltiples redes locales formadas alrededor de líderes sociales^[5]. Una inmensa variedad de organizaciones locales, asociaciones y redes sociales se ha organizado de manera autónoma en torno a diferentes causas sociales^[6]. Desde los años ochenta por ejemplo, las víctimas de familiares desaparecidos empezaron a asociarse y a exigir una respuesta del Estado. Fue así como surgió la “la ley de víctimas” (1448, 2011), para el restablecimiento de los derechos, verdad, justicia y reparación, lo cual dio pie entre otras cosas al comienzo de los Acuerdos con las FARC.

Estas iniciativas que en muchos casos han sido apoyadas por ONG’s, instituciones estatales e incluso por empresas privadas, son hoy por hoy la base social que sostiene la posibilidad del éxito en la implementación de los acuerdos de paz y del naciente postconflicto. Por esto deben ser vistas como la fuente primera de una reconfiguración del sistema de protección social integral. Es necesario pensar en una protección social basada en la intersección del trabajo y la economía en donde de cualquier manera el Estado entre por fin a regular la desigualdad social. Es decir, que mas allá de promover una participación comunitaria que de hecho existe, lo prioritario es el reconocimiento y la protección de la pluralidad de manifestaciones sociales y culturales que ha creado la comunidad en las regiones tanto rurales como urbanas. El reto consistiría principalmente en formalizar, articular y promover desde lo local hacia lo regional, lo nacional y lo internacional, estas iniciativas desde un enfoque diferencial, reconociendo a su vez la diversidad cultural y étnica del país, para asegurar el empoderamiento de las comunidades en la formulación de políticas públicas y de protección social integral, y sobretodo para dignificar su lugar como ciudadanos de una nación. Y en última instancia para reconocer a las víctimas y los desplazados de la violencia como la expresión de una transformación social y como los agentes de cambio que señalan el camino hacia la restauración del país.