Desde siempre y, obviamente antes de la fundación de Argentina como Nación, existieron pueblos originarios. Hoy están más visibilizados gracias a sus luchas pacíficas y a organizaciones que defienden los derechos indígenas, principalmente en lo que al acceso de la tierra y recursos naturales significa. Teniendo en cuenta que en el siglo XIX a los pueblos originarios se les expropió la tierra y se los dejó prácticamente a la intemperie y que en el correr del siglo XX muchas de esas tierras fueron compradas por capitales privados extranjeros, la situación, hoy, es más que problemática. Tanto estos pueblos originarios como las organizaciones que los apoyan, buscan restablecer el acceso a la tierra de modo pacífico y por medio del diálogo. Uno de los pueblos originarios que reclaman por estos derechos son los mapuches. Sin embargo, dentro de ellos, existe un grupo muy minoritario y violento denominado RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que tiene los mismos fines pero con la instrumentalización de la violencia. Es así que, entre los meses de agosto y octubre, hubo una escalada de violencia por parte de la RAM que fue contrarrestada por el accionar militar de Gendarmería de la Nación. De este choque, que tuvo distintos episodios, el que tuvo una repercusión mediática nacional, fue el ocurrido en uno de los cortes de ruta (ruta 40) que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, un artesano y activista por los derechos indígenas. Inicialmente, se acusó a la Gendarmería de hacer desaparecer a Maldonado y finalmente su cuerpo fue encontrado en el río Chubut. Las pericias forenses mostraron que Maldonado había muerto por ahogamiento cuando huía del conflicto y que su cuerpo no mostraba signos de violencia. Este hecho concreto volvió a poner en tela de juicio el uso de la fuerza militar en nombre de la seguridad nacional. Sectores opositores al Gobierno nacional equipararon el uso de la fuerza militar a los peores tiempos de la última dictadura. De esta manera, la discusión en el ámbito público fue sobre la validez de la represión por parte de las fuerzas de seguridad en estos casos y en cualquier caso. La oposición no sólo rechaza el uso de la fuerza militar-policial sino que relaciona al actual Gobierno elegido democráticamente con una pseudo dictadura.

El segundo hecho tiene que ver con la Reforma jubilatoria que también tuvo una enorme repercusión pública porque afecta a la situación vital y económica de los jubilados, principalmente a la población argentina que representa la tercera edad. La Reforma fue tratada en los ámbitos democráticos que prevé la Constitución (Congreso de la Nación). Hasta la fecha en que escribo este artículo, la Reforma fue aprobada en la Cámara de diputados. Pero detrás de la Reforma, existió toda una movilización, otra vez de la oposición al Gobierno, para denunciar que la Reforma empobrecía no sólo a los jubilados sino que también afectaba al bienestar de los argentinos en general. El resultado fue que el día de la sesión donde se debatió la Reforma en Diputados, hubo hechos de extrema violencia por parte de grupos minoritarios, aparentemente organizados de antemano, que destruyeron prácticamente los alrededores del Congreso de la Nación. La policía inicialmente tuvo una actitud pasiva ante la violencia pero luego la repelió. Nuevamente la oposición acusó al Gobierno de usar la fuerza militar para reprimir y se aprovechó nuevamente la situación para acusar al Gobierno de una pseudo-dictadura.

En ambos casos la Iglesia se pronunció brevemente pidiendo la paz y fomentando el diálogo entre las partes. En el primer caso, el obispo de Bariloche, Monseñor Chaparro, rechazó el accionar violento de la RAM y asegura que la mayoría de los mapuches de la zona son pacíficos. Por un lado, ratificó la existencia de desalojos violentos de los mapuches por parte de la Gendarmería. Por otro, pide diálogo y respeto al pueblo mapuche, como también la restitución de las tierras expropiadas injustamente. En el segundo caso, la nueva cúpula de la Conferencia Episcopal emitió dos comunicados^[1] y visitó días antes de Navidad, como es la costumbre habitual, al Presidente de la Nación. Allí el presidente de la CEA le pidió al Presidente de la Nación que tenga en cuenta la situación de los jubilados y de los que menos tienen, como también rechazó los hechos de violencia y “la característica de la respuesta de las fuerzas de seguridad” que fueron de público conocimiento.^[2]