Pilar Mendoza – « El desplazamiento forzado en Colombia »

1. Breve caracterización del desplazamiento en Colombia

En las últimas décadas en Colombia se habla constantemente de “desplazamiento forzado”. Este fenómeno responde al conflicto interno, en el cual los actores armados ilegales utilizan los ataques a la población civil como estrategia de guerra para aumentar su control territorial. No obstante, la dinámica de la migración interna en Colombia se ha desarrollado de forma tal, que desde el siglo XX se experimenta la transformación de un país eminentemente rural a un país predominantemente urbano. De este modo, el fenómeno del desplazamiento actual puede verse como una nueva oleada migratoria, teniendo en cuenta la sucesión de violencias que ha vivido el país durante el último siglo.

En efecto, el bipartidismo liberal / conservador característico de las violentas divisiones políticas del siglo XX condujo a una intensa movilización campesina. Aunque dicha movilización tuvo muchos obstáculos, encontró su mayor fuerza durante la década del 40, con la aparición del líder político Jorge Eliécer Gaitán, ya que él mismo procedía de las clases populares. Pero esta vez la violencia encontraría quizá el punto más alto en la historia del país, con el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá, poco antes de las elecciones presidenciales en las cuales se proyectaba como el gran vencedor. Este hecho conocido como “El Bogotazo” desató la llamada “Época de la Violencia”, tras una irrupción popular de vastas consecuencias, entre éstas principalmente la llegada masiva de campesinos a la capital y demás ciudades del país. 

En esta época Bogotá pasó de tener un millón de habitantes a 4 millones en una década (entre 1950 y 1960) hasta los 8 millones que tiene actualmente. De esta manera el desplazamiento ha sido causa y parte de la urbanización masiva en el país. Una urbanización acelerada y sin planeación en donde los nuevos habitantes de la ciudad llegan por lo general a los barrios periféricos a invadir terrenos baldíos.  Así entran a ser parte del escenario urbano, es decir, sin títulos de propiedad, sin trabajo ni protección social y huyendo de la violencia tras la pérdida de su territorio y en la mayoría de los casos, también de sus seres queridos.

De este modo, los desplazados de la violencia desde el concepto de seguridad humana representan en su aspecto más amplio la carencia de toda protección. En el desplazamiento forzado se manifiesta de manera contundente la incapacidad del Estado de garantizar un sistema de seguridad que proteja plenamente los derechos de vida, de propiedad privada y de vivienda, además  de condiciones de vida óptimas para esta población como salud y educación.

Frente a tal fenómeno, el gobierno colombiano sólo tras una nueva oleada de violencia en los años 90, producto esta vez de los enfrentamientos entre los actores armados ilegales (guerrillas, paramilitares y carteles de la droga), oficializa la categoría de “Desplazado por la violencia” en 1997, gracias a múltiples esfuerzos de distintos sectores, principalmente ONG’s internacionales como ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados) y OIM (Organización internacional de las migraciones) o nacionales como CODHES (Consejería para los derechos humanos y el desplazamiento) y las distintas asociaciones de desplazados, para lograr el establecimiento de una política pública frente al problema.


De esta manera, la definición del desplazado contenida en la ley 387/97 define como tal: “A la persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones del derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

Gracias a esto los desplazados han alcanzado un cierto nivel de asistencia a través de programas de atención, pero sin que esto haga parte de un sistema integrado de protección social, sino de cobertura mínima en salud y de ayudas puntuales a la población focalizada[1]. Asimismo el gobierno nacional creó la Unidad de Víctimas en 2012 con el fin de dictar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

Según la Alcaldía de Bogotá, cerca del 70% de los desplazados que llega a la capital tiene vínculos rurales. Las mujeres representan el 56 % de la población desplazada, el 55% son jóvenes menores de 18 años y el 36% son mujeres cabezas de hogar. El 56% de las víctimas se vio forzado a huir por causa de amenazas, el 11% por causa de masacres, asesinatos y atentados, el 18% por la sensación de desprotección y miedo. El 47.7% busca refugio en las ciudades capitales[2].

Los desplazados suelen tomar las calles y los espacios públicos como forma de sobrevivencia. Las esquinas, los puentes, los semáforos y los barrios periféricos de la ciudad son así el escenario de individuos que se dedican a la mendicidad y a la venta de un sinnúmero de productos de manera informal.

Así, ésta población emergente y en permanente movimiento como salida al riesgo, se convierte en una mano de obra itinerante, en mercados laborales informales, circulares entre el campo y la ciudad. Sin títulos de propiedad, sin un trabajo formal y algunas veces sin siquiera documentos de identidad, quedan relegados a los márgenes de la ciudad, en donde son cuestionados como ciudadanos con derechos y fuente de discriminación al ser rechazados por la población receptora.

La informalidad que en las ciudades colombianas según el Departamento Nacional de Planeación, alcanza un 58%, se expresa principalmente en formas de trabajo como las ventas callejeras o formas de hábitat como la autogestión de las viviendas en los barrios periféricos. La ciudad se convierte así en una inmensa zona gris en donde la relativa ausencia de regulación institucional y de protección social permiten a dicha población encontrar de manera precaria y provisoria formas de sustento y de sobrevivencia.

[1] Frente al problema del desplazamiento y la pobreza el gobierno colombiano crea en 1995 el SISBEN -Sistema de selección de beneficiarios-  para identificar el acceso al régimen subsidiado de salud y a programas de asistencia social.

[2] Es de notar que la ley 387 no contempla específicamente a los migrantes externos los cuales según el Centro Nacional de Memoria Histórica representan alrededor del 15% de la población desplazada en el exterior.

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